Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

La medidas otorgadas mediante la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, nos permitirán combatir de manera más efectiva la corrupción y el soborno transnacional que involucre a personas jurídicas o entes corporativos, ya que contemplan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra estas conductas.

Esta nueva ley, promueve la cultura de la legalidad e integridad con el fin de recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.

Se aplicará un régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria a las personas:

• Jurídicas.
• Sucursales de sociedades extranjeras.
• Personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios.
• Empresas industriales y comerciales del Estado.
• Empresas de economía mixta.
• Entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Colombia.

La Ley 2195 modifica el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, entre otras medidas:

• Le da competencia a cada una de las superintendencias o entes de supervisión; según estos ejerzan la vigilancia sobre la persona jurídica; para investigar y sancionar administrativamente a la persona jurídica;
• Amplia los delitos sobre los cuales recaería la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas;
• Establece los presupuestos para su aplicación: siempre que exista una sentencia penal condenatoria ejecutoriada o principio de oportunidad en firme en contra de los administradores o funcionarios de la persona jurídica por la comisión de ciertos delitos y la persona jurídica se hubiese beneficiado de la conducta y haya consentido o tolerado la conducta;
• Incluye sanciones de multa de hasta 200.000 SMLMV; más el beneficio obtenido o pretendido por la persona jurídica; la remoción de los administradores u otros funcionarios, la inhabilidad de la persona jurídica para contratar con el Estado; la publicación de la sanción y la prohibición de recibir incentivos o subsidios del Gobierno;
• Establece la obligación de que las superintendencias o entes de vigilancia requieran a sus vigilados la implementación de programas de transparencia y ética empresarial.

En concreto, las superintendencias o autoridades de inspección; vigilancia y control son las competentes para iniciar de oficio el proceso administrativo sancionatorio referido en el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, e imponer las sanciones correspondientes a sus vigilados.

Sanciones administrativas aplicables a las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia:

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a la que se le sumará el mayor valor entre el beneficio obtenido o pretendido. La autoridad competente tendrá en cuenta la capacidad patrimonial de la persona jurídica.
2. Inhabilidad para contratar.
3. Publicación en medios de amplia circulación hasta por cinco (5) veces con la periodicidad que la autoridad indique; del extracto de la decisión sancionatoria.
4. Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de diez (10) años.
5. Remoción de los administradores u otros funcionarios o empleados de la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera domiciliada en Colombia que hayan sido condenados penalmente u objeto de un principio de oportunidad, salvo que dicha remoción la haya dispuesto el juez en la parte resolutiva de la sentencia.
6. Remoción de los administradores u otros funcionarios o empleados de la persona jurídica que hubieren tolerado o consentido la conducta de la persona natural condenada penalmente o la conducta objeto de un principio de oportunidad.

También, fortalece las facultades otorgadas a la Supersociedades para detectar, investigar y sancionar administrativamente a las personas jurídicas por conductas de soborno transnacional ya que entre otras medidas:

• Adiciona a la sanción de multa por soborno transnacional, el beneficio obtenido o pretendido.
• Incluye la responsabilidad de las subsidiarias por conductas de la matriz en beneficio de la subsidiaria.
• Ajustan los requisitos para acceder a los beneficios por colaboración.
• Garantiza el acceso a información sujeta a cualquier tipo de reserva.
• Establecen nuevas tipologías de falsedades y omisiones en la contabilidad.
• Aumentan las sanciones administrativas para las personas jurídicas por incurrir en estas conductas.
• Garantiza el acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales a la Entidad para el cumplimiento de sus funciones en materia de soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada.

Para terminar; si quiere estar al tanto de todos los aspectos importantes de la Ley 2195 de 2022 consulte aquí.

 

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