Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP:
El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras de alto perfil en Colombia, lo que generó un fuerte impacto reputacional. Al mismo tiempo, el país retrocedió en el Índice de Percepción de la Corrupción, alcanzando el puesto 92 a nivel global, un reflejo del debilitamiento de los mecanismos de control y vigilancia.
Este 2026 no puede repetir los mismos errores. La corrupción, el soborno y el fraude no aparecen de la nada: son resultado de vacíos en los controles, de la falta de vigilancia y de la ausencia de una cultura sólida de integridad. La pregunta clave es cómo anticiparlos y neutralizarlos antes de que se conviertan en prácticas ilícitas. La respuesta está en las señales de alerta.
Los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se consolidan como herramientas estratégicas que permiten identificar patrones sospechosos y prevenir escenarios de corrupción, soborno y fraude. Su función es esencialmente preventiva: facilitan la detección temprana de operaciones irregulares y fortalecen los mecanismos de control.
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP), por su influencia y acceso privilegiado a recursos públicos, representan un riesgo elevado de lavado de activos y corrupción. Por ello, requieren un monitoreo más riguroso y constante. Responder de manera oportuna a estas señales no solo protege la credibilidad de las organizaciones y autoridades, sino que también previene sanciones legales y daños reputacionales, consolidando una cultura de integridad y ética en los procesos públicos y privados.
El doctor Carlos Alfonso Boshell, en una de sus notas, comparte algunas señales de alerta relacionadas con actos que involucran a funcionarios públicos, procesos de licitación y Personas Expuestas Políticamente (PEP), tanto nacionales como extranjeras. Al respecto, señala:
“Las señales de alerta son herramientas estratégicas de protección frente a la corrupción, el soborno y el fraude. No solo cumplen un rol técnico en la gestión de riesgos, sino que también sostienen la integridad ética y la confianza social en los procesos públicos y privados. Al trabajar con modelos multidimensionales de riesgo, las señales se convierten en la base para construir matrices sólidas que integren lo técnico con lo ético y lo motivacional.”
De esta manera, Carlos Boshell enfatiza que las señales de alerta no deben entenderse únicamente como indicadores operativos, sino como pilares que fortalecen la cultura de integridad y la credibilidad institucional.
Señales de alerta en actos con funcionarios públicos:
- Funcionario o exfuncionario que recibe depósitos de proveedores de instituciones públicas.
- Patrimonio elevado que no corresponde a los ingresos declarados.
- Diferencias entre patrimonio y renta de exfuncionarios.
- Cliente no funcionario que recibe fondos de funcionarios vinculados a noticias negativas por lavado, realizando múltiples operaciones financieras.
- Cliente que paga montos relevantes a exfuncionario investigado por lavado.
- Exfuncionarios que reciben pagos injustificados de instituciones públicas.
- Sociedad con ventas concentradas en una institución pública, coincidiendo con el periodo de un funcionario con poder decisorio.
- Sociedad que recibe fondos de funcionarios sin justificación aparente.
- Funcionario que recibe fondos de una sociedad sin vínculo aparente, siendo esta proveedora de su institución.
- Empresa con operaciones fuera de su giro, administrada por funcionario público o PEP.
- Cliente que paga a instituciones públicas sin motivo claro.
- Pagos gestionados por funcionarios con presupuesto institucional hacia colegas o ex funcionarios, fuera de remuneraciones.
- Cliente con transacciones que involucran a funcionarios municipales en programas comunitarios, sin justificación.
- Funcionario que realiza compras u operaciones inusuales con su perfil, coincidiendo con fraudes en su institución.
- Fundación con aportes públicos y directorio integrado por funcionarios o familiares.
- Funcionario que recibe pagos de personas o empresas sin justificación económica.
- Funcionarios con gastos o inversiones superiores a sus ingresos declarados.
- Directivos que pagan a funcionarios de menor rango sin justificación.
- Funcionario que revierte decisiones de su antecesor pocos días después de asumir.
- Funcionarios que rechazan cambios o promociones para mantener sus actividades.
- Alta rotación en áreas vulnerables a fraudes.
- Funcionarios que permanecen en la oficina fuera de horario sin causa justificada.
- Funcionario que propone omitir trámites a cambio de pagos irregulares.
- Funcionario que dificulta servicios solicitando pagos para agilizar.
- Funcionario que acepta obsequios frecuentes de empresas.
- Incremento de transacciones financieras justo al asumir un cargo público.
- Pagos a proveedores inusuales con recursos estatales, posiblemente ligados a campañas políticas.
- Solicitud de donativos a entidades sin fines de lucro donde participa un funcionario en la dirección.
- Funcionario que omite procedimientos regulares.
La identificación temprana de estas señales de alerta no debe verse como un ejercicio meramente técnico, sino un compromiso con la transparencia y la ética institucional. Reconocer patrones sospechosos en la relación con funcionarios públicos permite anticipar riesgos, fortalecer los controles y blindar a las organizaciones frente a prácticas corruptas.
Señales de alerta en licitaciones públicas:
- Un solo proveedor gana todas las licitaciones de un mismo rubro en una institución.
- Empresa adjudicada cuyo giro no corresponde al servicio contratado.
- Pagos por trabajos o asesorías no realizados o incompletos.
- Pagos anticipados o desproporcionados respecto al avance de la obra.
- Funcionarios con participación en empresas que licitan con entidades públicas.
- Funcionario vinculado a licitación recibe dinero de socios de la empresa oferente.
- Reevaluación o readjudicación de licitación justificada con reclamos previamente rechazados.
- Maniobras para mantener en funciones a terceros claves en ingresos o licitaciones.
- Órdenes de compra que superan el presupuesto inicial.
- Funcionario aparece como jefe de proyecto en empresa adjudicada, coincidiendo con su rol público.
- Vínculos de amistad o familiaridad entre funcionarios y proveedores en cualquier etapa de la licitación.
- Abonos superiores a lo establecido en la licitación.
- Funcionarios que filtran información confidencial a empresas participantes.
- Falta de separación entre quienes diseñan bases y quienes evalúan propuestas.
- Uso de trato directo sin justificación legal o resolución.
- Incremento de precios sin antecedentes que lo respalden.
- No se cobran garantías cuando corresponde, sin causa válida.
- Funcionarios que insisten en contratar proveedores específicos.
- Proveedores con vínculos en países o sectores con historial de corrupción.
- Declaraciones falsas o inconsistentes para adjudicarse contratos.
- Proveedores que se turnan para ganar licitaciones, generando apariencia de competencia.
- Documentos de distintas empresas con errores o redacción idéntica.
- Empresa adjudicada pese a haberse inscrito después de publicada la licitación.
La detección temprana de señales de alerta en estos procesos permite prevenir prácticas fraudulentas, conflictos de interés y favoritismos que pueden distorsionar la competencia.
Señales de alerta en PEP nacionales o extranjeras:
- Uso de intermediarios en operaciones que no lo requieren, buscando ocultar identidad.
- Preguntas sobre políticas antilavado o de PEP con intención de ocultar condición.
- Resistencia a entregar información sobre origen de fondos.
- Datos entregados no coinciden con información pública (patrimonio, remuneraciones).
- Incapacidad de explicar motivos de negocios en el país.
- Operaciones en instituciones que no suelen atender clientes extranjeros o de alto valor.
- Registro como autorizado en cuentas de terceros sin vínculo justificado.
- Depósitos o giros de grandes sumas, uso de cheques al portador para pagos elevados.
- Dificultad para separar fondos personales de los derivados de su actividad profesional.
- Aumento de transacciones financieras al asumir cargo público relevante.
- PEP proveniente de un país identificado como altamente corrupto.
- PEP como director o propietario efectivo de una persona jurídica cliente de instituciones.
- PEP de alta jerarquía que incrementa el patrimonio personal sin justificación aparente.
Recomendaciones del GAFI sobre las PEP:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha establecido lineamientos claros para el manejo de las relaciones con las Personas Expuestas Políticamente (PEP), subrayando la necesidad de que las instituciones financieras implementen sistemas de gestión de riesgos capaces de identificar a clientes o beneficiarios finales con esta condición, obtengan la aprobación de la alta gerencia para iniciar o mantener vínculos comerciales, verifiquen de manera razonable la fuente de riqueza y de los fondos involucrados, y realicen un monitoreo continuo e intensificado de las operaciones.
La Recomendación 12 del GAFI enfatiza que estas medidas deben aplicarse no sólo a las PEP extranjeras, sino también a las locales y a quienes ocupen cargos relevantes en organizaciones internacionales. Además, los requisitos se extienden a familiares cercanos y asociados, dado que también pueden ser vehículos de riesgo.
La lucha contra la corrupción, el soborno y el fraude requiere vigilancia constante, compromiso ético y, sobre todo, la capacidad de actuar frente a las señales de alerta. No basta con identificarlas: es indispensable saber cómo gestionarlas, seguir el conducto regular y activar los mecanismos de control que garanticen la transparencia. Ante la presencia de una señal de alerta, la respuesta debe ser inmediata y responsable, documentando la situación, informando a las instancias correspondientes y evitando cualquier acción que pueda comprometer la integridad institucional.
Las señales de alerta no son solo simples indicadores, sino herramientas estratégicas que permiten anticipar riesgos y proteger la credibilidad institucional. Al integrar las recomendaciones internacionales del GAFI con los Programas de Transparencia y Ética Empresarial y Pública, las organizaciones fortalecen sus controles y consolidan una cultura de integridad.
Consciente de los desafíos que enfrentan las organizaciones en materia de cumplimiento y gestión de riesgos, RISKS INTERNATIONAL se presenta como un aliado estratégico para fortalecer la transparencia y la integridad corporativa. Su acompañamiento permite a las empresas ampliar la información al identificar contrapartes consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP), garantizando el cumplimiento normativo y una debida diligencia ampliada o intensificada.
Finalizar el año 2025 y comenzar el 2026 cumpliendo la norma, no solo significa cerrar un ciclo con la tranquilidad de haber gestionado los riesgos de manera responsable, si no empezar el nuevo año con bases sólidas que fortalecen la confianza de los clientes, inversionistas y la sociedad en general. Cumplir con la norma no solo evita sanciones y pérdidas, sino que proyecta a las organizaciones hacia un futuro más competitivo, íntegro y resiliente.
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Autor: Luisa Caicedo
Tipologías y señales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP
Fuentes:
Boshell Norman, C. A. (2025). Señales de alerta: corrupción, soborno y fraude en lo relacionado con funcionarios públicos, licitaciones públicas y PEP.
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente (cfatf-gafic.org)
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