¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción?
El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado información que sin duda, es relevante analizar para ampliar nuestro conocimiento sobre los diferentes métodos utilizados por los grupos del crimen organizado para blanquear sus capitales.
La prevención de lavado de dinero (PLD) sigue representando un gran reto, no sólo para los reguladores, sino también para los sujetos obligados. Con una cifra estimada por el Fondo Monetario Internacional que asciende al 5% del PIB Global lavado anualmente, resulta verdaderamente relevante seguir destinando el capital humano y los recursos tecnológicos y económicos necesarios para fortalecer los programas de PLD y buscar un estado permanente de mejora continua que permita detectar oportunamente las fallas al interior de las Instituciones.
Aún y con un robusto marco normativo nacional e internacional en materia de PLD, es necesario redoblar esfuerzos y el juicio del ‘Chapo’ ha sido, hasta ahora, un claro ejemplo de ello, al exponer métodos ya conocidos de lavado de dinero, que han permitido lavar al cártel miles de millones de dólares.
Lecciones en materia de PLD
Los periodistas del New York Times, Alan Feuer y Emily Palmer, quienes han dado seguimiento y cobertura al caso, publicaron en su artículo denominado El Chapo’s Early Days as a Budding Kingpin, algunos métodos de lavado de dinero utilizados por el cártel y expuestos en el juicio por Miguel Ángel Martínez, uno de los primeros empleados de Guzmán Loera que comenzó a trabajar para el cártel como piloto en 1987, antes de que lo ‘ascendieran’ como encargado de operaciones en la Ciudad de México. Estos métodos incluyen:
- Uso de billetes de baja denominación, primordialmente 20 US.
- Uso de prestanombres y empresas pantalla
- Colusión con casas de cambio y centros cambiarios
Asimismo, hace un par de días Feuer mencionó en su cuenta de twitter que el testigo Tirso Martínez – Sánchez, quien era el encargado de enviar cocían desde la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, reveló inversiones en:
- Diamantes;
- Casas;
- Caballos;
- Automóviles y
- Equipos de fútbol mexicanos.
Uso de Billetes de Baja Denominación
Aunque la lógica indica que las denominaciones ‘grandes’ son más fácil de transportar y por ello deberían de ser más utilizadas, un un estudio realizado por el GAFI titulado lavado de dinero a través de la transportación física del efectivo, mostró resultados contrarios.
En este estudio, el GAFI pidió a los países especificar qué denominaciones de los billetes encontraron en los envíos de efectivo presuntamente relacionado con el crimen y los resultados mostraron que las denominaciones pequeñas o una combinación de ambas era la ‘preferida’ por los criminales.
Diversas organizaciones internacionales como la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y otras autoridades nacionales e internacionales, han reconocido como una potencial señal de alerta el uso de billetes de altas denominaciones, lo que puede explicar el por qué los grupos del narcotráfico prefieren y las denominaciones pequeñas, buscando siempre no ser detectados al intentar cambiar denominaciones pequeñas por grandes.
Asimismo, el problema de la falsificación de billetes de altas denominaciones, ha impuesto ciertas ‘medidas’ que los negocios adoptan tanto en México como en los EE.UU para no recibirlos, lo que puede ser otro motivador para evitar el uso de billetes de ‘alta denominación’, ya que su uso, dificultaría el ingreso de los fondos ilícitos en la economía.
Uso de prestanombres y empresas pantalla
No obstante que todos los países han hecho grandes esfuerzos por combatir esta problemática, la revelación de los ‘Panama Papers’ y otros documentos ponen en evidencia la falta de transparencia que existe a nivel internacional en cuanto al uso de entidades jurídicas, vehículos corporativos y las deficiencias en los registros públicos.
Desde hace algunos años se ha puesto un énfasis especial en conocer quién está detrás de las compañías y otras estructuras jurídicas: identificación del propietario / beneficiario real, aunque sigue presentando un gran reto en todos los niveles.
El GAFI, en conjunto con el Grupo Egmont, publicaron a mediados de 2018 un documento titulado Concealment on Beneficial Ownership, en donde hacen algunas precisiones sobre los diferentes tipos de entidades mayormente utilizadas para fines ilícitos:
- Empresas fantasma / cascarón (shell): compañía legalmente existente sin operaciones, activos, actividades de negocio o empleados.
- Empresas pantalla (front): compañías legalmente existentes, funcionando completamente como negocio legítimo que sirve para ‘disfrazas’ los flujos ilícitos.
- Empresas de repisa (shelf): compañías legalmente existentes, con accionistas, directivos y empleados inactivos, generalmente ‘se dejan añejar’ para poderse vender posteriormente.
Asimismo, en el reporte se menciona que las empresas pantalla, generalmente son negocios de alto uso de efectivo y de la industria del ‘servicio a cliente’, tales como restaurantes o clubes nocturnos. También se advierte que los grupos criminales que utilizan estas empresas, generalmente pagan sus impuestos con la finalidad de legitimar la riqueza.
El riesgo de prestanombres es aún más difícil de identificar. Tipologías que incluyen la utilización de esta figura para el ingreso de los fondos ilícitos a la economía al abrir cuentas bancarias o mover dinero (‘mulas’) han estado presentes durante mucho tiempo.
Algunas señales de alerta que presenta el GAFI en su reporte sobre el beneficiario real son:
- El cliente no quiere brindar información personal.
- El cliente se niega o no puede explicar información sobre la fuente de sus fondos o el por qué están realizando transacciones de esa manera.
Colusión con casas de cambio y centros cambiarios
Numerosos casos en México han expuesto la relación entre casas de cambio y centros cambiarios con los grupos del crimen organizado.
Derivado del riesgo que representan estos negocios y en cumplimiento con las Recomendaciones de GAFI, en 2011 se realizó una reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para que los centros cambiarios, los transmisores de dinero y las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, pasaran a ser sujetos de supervisión en materia de PLD/FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En 2014, la publicación de la Reforma Financiera, fortaleció el marco de supervisión para los centros cambiarios y transmisores de dinero, al establecer la renovación del registro de manera trianual, con la obtención de un dictamen técnico emitido por la CNBV y que asevera que la Entidad cuenta con las medidas mínimas de PLD/FT.
Zonas de alto riesgo, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (que también salió a relucir en uno de los testimonios del juicio como una zona aparentemente negociada por los narcotraficantes), han sido de especial interés para la supervisión de los centros cambiarios, aunque el endurecimiento de las medidas no ha impedido que algunas de estas entidades sigan ‘trabajado’ con grupos del crimen organizado.
El riesgo de los centros cambiarios ha sido tal que, hoy en día, muy pocas Instituciones Financieras abren cuentas a estas Entidades y aquellas que lo logran, se someten a controles robustos para asegurar el cumplimiento con las directrices anti-lavado.
El AICM, al igual que algunas zonas de la República Mexicana, tienen una particularidad: el billete de 100 Dólares de los EE.UU, se compra y se vende más caro que el tipo de cambio anunciado anunciado en ventanilla.
La normatividad en materia de PLD/FT vigente y aplicable a estas entidades, establece requisitos de identificación del usuario cuando la operación sea igual o supere el equivalente en moneda nacional, en la divisa de que se trate, a 1,000 dólares de los EE.UU, es decir, toda operación de compra / venta realizada por debajo de los 1,000 USD, generalmente se registra como ‘publico en general’, lo que representa un gran reto para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Diamantes, casas, automóviles y equipos de fútbol
Bajo las leyes mexicanas, la compra – venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, así como de bienes inmuebles y automóviles son consideradas como ‘actividades vulnerables’, es decir, actividades con mayor riesgo de ser utilizadas para fines ilícitos.
El GAFI ha identificado también a los vendedores de metales preciosos y piedras preciosas y a los agentes de bienes raíces como actividades y profesiones no financieras designadas, como parte de la Recomendación 22. No obstante, este organismo ha publicado tipologías relacionadas con equipos de fútbol y bienes raíces en materia de lavado de dinero.
A nivel internacional, a adquisición de bienes de alto valor, es reconocida principalmente como parte de la etapa de integración (aquella en la que el lavador decide reingresar las ganancias a la economía real), y por ello, muchos países han decidido considerar varios negocios de este giro dentro del marco preventivo.
El principal problema, en la mayoría de las ocasiones, radica en que estos negocios de la economía formal no son conscientes del riesgo que puede materializarse al interior de sus empresas.
En 2009, el GAFI emitió un reporte titulado Money Laundering through the football sector en el que se reconoce que el fútbol es el candidato ideal para lavar dinero, al ser el deporte más grande del mundo con 38 millones de jugadores registrados a la fecha de emisión del documento.
La corrupción está presente
A lo largo del juicio, los reporteros han mencionado cómo los testigos aceptan haber pagado sobornos a funcionarios gubernamentales no sólo en México, sino en diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos para lograr transportar las drogas a través de los diversos países.
La lucha anticorrupción ha tomado cada vez más fuerza y año con año más países se vuelven conscientes del gran problema que este delito representa.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el Continente Americano tiene un promedio de 44/100, en donde 0 es la región más corrupta y 100 la menos corrupta.
Asimismo, el Barómetro Global sobre Corrupción de Latinoamérica y el Caribe, estudio presentado en 2017 por Transparencia Internacional, menciona que el 62% de los ciudadanos de esta región encuestados, percibieron un incremento en los niveles de corrupción en los últimos 12 meses.
Del barómetro también se desprenden resultados interesantes:
- El soborno fue más común en México y la República Dominicana, en donde el 51 y 46%, respectivamente, aceptaron haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos.
- La Policía se percibe como la Institución más corrupta en la región, al alcanzar un 47%.
Reflexiones y retos
Conocer e identificar al beneficiario real no es una tarea fácil. Aunque las recomendaciones de GAFI establecen requisitos de debida diligencia para las personas jurídicas y muchos países han adoptado ‘mejores prácticas’ en la identificación y conocimiento de esta figura, es necesario un esfuerzo adicional en materia de análisis de datos y transacciones, con la finalidad de detectar, de manera temprana, cualquier patrón inusual que pueda no guardar relación con la actividad de ciertos clientes y la media esperada del sector al que pertenece.
Asimismo, es necesario que los países busquen adoptar registros públicos digitales. La utilización de las nuevas tecnologías puede permitir que, en tiempo real, los sujetos obligados puedan validar y confirmar la propiedad de las personas jurídicas.
Crear conciencia en la primera línea de defensa de las organizaciones sobre la importancia de identificar al propietario real es otra tarea clave. Si los empleados no tienen este conocimiento, es muy fácil que puedan participar, a sabiendas o no, en el ocultamiento de esta figura y con ello, permitir el acceso a flujos ilícitos a las organizaciones.
Tras varios años de haberme desempeñado como Oficial de Cumplimiento de un Centro Cambiario ubicado en el ACIM con sucursales en el sur de la República, puedo decir que no es una tarea fácil. Estos negocios son relativamente ‘pequeños’ (incluso los más ‘grandes’ se auto consideran como ‘pequeños’), por lo que los dueños no invierten lo suficiente en mantener personal calificado en áreas de cumplimiento, tampoco en sistemas automatizados para el monitoreo de operaciones robustos y muy pocas veces se da capacitación para el personal de calidad.
Es necesario seguir con los esfuerzos de aplicación de la Ley. La CNBV en las últimas reformas para centros cambiarios, estableció una diligencia ampliada de los accionistas, solicitando como parte del trámite para la obtención del registro, información patrimonial de los mismos. No obstante, es un sector que merece una supervisión adicional para poder ‘limpiarlo’.
La Evaluación Mutua de México, realizada por el GAFI, mostró que las ‘actividades vulnerables’ son las que mayor riesgo presentan en materia de PLD/FT, debido al desconocimiento que los diversos sectores presentan de esta materia. El SAT, como ente supervisor, debe continuar con los esfuerzos de difusión. Países como Colombia, han adoptado una campaña titulada «negocios responsables y seguros», buscando crear esa conciencia necesaria para que los empresarios se sumen al marco preventivo con mayor fuerza.
Diversas organizaciones como la ACFCS, han apuntalado la importancia de mantener un programa de prevención de delitos financieros, con la finalidad de aprovechar los esfuerzos que las Entidades realizan en materia de prevención de lavado de dinero, cumplimiento anticorrupción y prevención del fraude y lograr un modelo integral de prevención.
La relevancia de un programa integral de prevención del crimen financiero radica en la complejidad con la que cada vez más grupos delictivos operan. Diversos casos como el juicio de Guzmán Loera, han mostrado cómo las redes criminales aceptan pagar sobornos y corromper tanto a oficiales de gobierno como a empleados de diversas instituciones, para facilitar sus esquemas de lavado de dinero y tráfico de drogas, entre otros delitos.
Este caso nos muestra que a pesar de todos los esfuerzos que la comunidad internacional ha realizado para luchar en contra de los crímenes financieros, los grupos de narcotráfico siempre buscan la manera de poder realizar y completar el negocio. La DEA ha reconocido que los cárteles están utilizando ya los crypto – activos como herramienta para trasladar los fondos sin ser detectados, lo que abre la puerta a robustecer los programas al interior de las Entidades.
Estar conscientes de que al prevenir lavado de dinero y corrupción también se están previniendo otros delitos fuente como trata de personas, narcotráfico, tráfico de vida silvestre, tráfico ilegal de bienes culturales, tráfico de órganos, secuestros, entre otros, es una tarea de todos. Cerrar la llave de los flujos ilícitos es, sin duda, la manera más eficaz de poner un alto al crimen organizado.
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