Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El objetivo de la Campaña es concientizar a la sociedad e inspirar a la gente para que actúe contra el lavado de activos y no dejarse utilizar para lavar activos o permitir el crecimiento de este fenómeno. Por lo anterior, resulta de interés revisar aspectos importantes que marcan la gestión del riesgo de lavado de activos en Colombia, durante los últimos dos años (2021-2022).
Mencionaremos algunos cambios que, a través de normativas, resoluciones, conceptos aclaratorios, proporcionan nuevas medidas de mitigación del riesgo de lavado de activos, convierten a organizaciones en nuevos sujetos obligados a adoptar un sistema de gestión de riesgo de LA, establecen medidas para realizar una debida diligencia, entre otros aspectos que revisaremos a continuación.
Actualización de cargos PEP´s (Personas Expuestas Políticamente):
El ámbito de aplicación del concepto de los PEP´s ha tomado cada vez mas relevancia en la política mundial y en su inclusión en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y en la financiación del terrorismo. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, expidió el Decreto 830 de 2021, con el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015 que reglamenta el sector de la Presidencia de la República y que reemplaza el Decreto 1674 de 2016 en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). En esta se establecen 18 categorías de personas expuestas políticamente e incluye definición de personas expuestas políticamente extranjeras.
CONPES 2021:
Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual establece que “los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados” el 09/08/2021 el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó la política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva vigente desde el año 2021-2026.
El objetivo general de la política CONPES consiste en modernizar los sistemas de información de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con los que se gestionan los activos y pasivos de la Nación y de entidades públicas, para mejorar la integridad de la información y de las interoperabilidades con otros sistemas de información de la misma dirección y con otros sistemas de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o externos, en un horizonte de tres años.
Conceptos aclaratorios del sector real:
La Superintendencia de Sociedades entre los años 2021-2022, ha emitido alrededor de treinta (30) conceptos aclaratorios sobre el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Dentro de los conceptos, se encuentran aspectos aclaratorios sobre debida diligencia intensificada a los PEP´s, listas vinculantes, identificación del beneficiario final, entre otros.
Actualización norma La/Ft sector salud:
A través de la circular externa 20211700000005-5 de 2021, se modifican numerales de la circular 009 de 2016. En esta actualización, se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información”.
Dentro de los principales cambios, está el incluir un nuevo riesgo a gestionar, siendo este la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, modificación en el numeral de políticas, procedimientos, aprobación de procedimientos, conocimiento de los clientes y usuarios, asociados, entre otros.
Listado de jurisdicciones-GAFI:
Periódicamente, el GAFI, a partir de las 40 recomendaciones que ha establecido, evalúa el nivel de implementación de estas, en los países donde se reconoce, desarrollando de manera continua, un proceso de identificación de aquellas jurisdicciones que no han implementado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente a estos delitos. A partir de allí, resultan tres clasificaciones de listas, siendo estás la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas, la lista de jurisdicciones que ya no están sujetas a un mayor control y la lista de mayor riesgo. A continuación, el listado actualizado a octubre de 2022:
| Jurisdicciones con deficiencias estratégicas (Lista gris) | La jurisdicción ya no está sujeta a un mayor control | Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción (Lista negra) |
| Albania | Botsuana
Mauricio |
Irán |
| Barbados | República Democrática de Corea | |
| Burkina Faso | ||
| Camboya | ||
| Islas Caimán | ||
| Haití | ||
| Jamaica | ||
| Jordania | ||
| Mali | ||
| Malta | ||
| Marruecos | ||
| Myanmar | ||
| Nicaragua | ||
| Pakistán | ||
| Panamá | ||
| Filipinas | ||
| Senegal | ||
| Sudán del Sur | ||
| Siria | ||
| Turquía | ||
| Uganda | ||
| Yemen | ||
| Zimbabue |
Tabla 1 Listado jurisdicciones – GAFI
Dentro de los cambios para este periodo, se encuentra el progreso significativo de Botswana y Mauricio en la mejora de su régimen ALD/CFT, dado a que esta jurisdicción ha fortalecido la efectividad de su régimen ALD/CFT y ha abordado las deficiencias técnicas relacionadas para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que identificó el GAFI en octubre de 2018. Las anteriores jurisdicciones ya no se encuentran sujetas a un mayor control del GAFI.
En cuanto a la lista negra, Irán y República Democrática de Corea se mantienen como jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción.
Con lo anteriormente descrito, se evidencia el compromiso del estado, las entidades de vigilancia y control, los sujetos obligados sobre la necesidad de perseguir los recursos de origen ilícito y así combatir el lavado de activos.
Cada año traerá nuevos retos para los actores de esta lucha, es allí donde los actores deben continuar con la implementación de medidas que permitan reducir y/o eliminar efectos tales como la violencia, afectación reputacional y legal de las organizaciones, descomposición social, sobornos, entre otras cosas.
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