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Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE.

Al pertenecer Colombia  a las Naciones Unidas al GAFILAT  y  al ser como miembro de la OCDE  debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios con capacidad de manejar dineros públicos.

Colombia ya había incumplido la norma, pero aunque hizo una nueva, se le quedaron por fuera los ejecutores del gasto militar, siendo este el rubro más grande del presupuesto nacional.

Con el fin de mejorar la lucha contra la corrupción en el 2015, el gobierno expidió el decreto 1081; para enlistar cargos públicos catalogados como de alto riesgo de lavado de activos y corrupción PEPs.

Aplaudimos la expedición de normas para la prevención de riesgos, ayudan a la confianza; sin embargo recordemos que los funcionarios públicos deben estar registrados en el SIGEP y deben poder ser consultados por su identificacion, junto con otros documentos, como su  declaración de renta.

¿Si la exigencia es tan fuerte para los empresarios, con la validación de las PEPs y su monitoreo, porque el Gobierno Nacional no cumple o cumple parcialmente con los pactos ante la OCDE y las recomendaciones de GAFILAT?

Para tener mayores controles sobre este flagelo del que pueden ser objetos los altos funcionarios del estado; estos deben estar registrados en el sistema de información y gestión del empleo Públicos.

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