Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos y políticos se multiplican y evolucionan con rapidez, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las instituciones. Las redes criminales evolucionan con rapidez, aprovechando la tecnología y las brechas regulatorias, mientras que los entes supervisores intentan ponerse al día, fortaleciendo sus marcos normativos y exigiendo mayor transparencia a los sectores estratégicos.
Este año trae consigo retos que van mucho más allá de lo técnico: la expansión de los criptoactivos y su impacto en la Corrupción, la presión sobre las cadenas logísticas y el comercio exterior, y la necesidad de que las empresas integren la gestión de riesgos como parte esencial de su cultura organizacional. Ya no basta con cumplir de manera formal; la supervisión basada en riesgo se convierte en un requisito indispensable para sobrevivir en un entorno cada vez más complejo.
La pregunta central es clara y urgente: ¿Podrán las instituciones y las empresas adaptarse a un escenario donde la resiliencia y la integridad financiera son puestas a prueba día tras día? El 2026 no solo será un año de ajustes normativos, sino también de exámenes exigentes para los sistemas de cumplimiento. Las elecciones en Colombia, la creciente adopción de activos digitales y las nuevas obligaciones regulatorias en sectores sensibles marcarán el rumbo de la región. En este contexto, la capacidad de anticiparse, de innovar en los mecanismos de control y de construir confianza será lo que diferencie a quienes logren avanzar con éxito de quienes se queden atrás.
Presidencia Pro Témpore de GAFILAT (Panamá)
La Presidencia Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es un rol de liderazgo rotativo que otorga a un país la responsabilidad de coordinar la agenda regional en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En 2026, Panamá asume esta posición con el objetivo de consolidar su salida de la “lista gris” y demostrar avances tangibles en condenas, extinción de dominio y recuperación de activos.
Entre los beneficios de este rol se destacan:
- Mayor influencia en la definición de estándares regionales.
- Impulso a proyectos estratégicos como registros de beneficiarios finales y regulación de activos virtuales.
- Reforzamiento de la reputación internacional y confianza de inversionistas.
Logística y Lavado de Activos:
En cuanto a la logística y el comercio exterior, los cambios recientes en las cadenas globales abren tanto oportunidades para el comercio legítimo como espacios para la infiltración criminal. Los nuevos flujos comerciales, impulsados por la digitalización y la apertura de mercados, se convierten en canales atractivos para mover dinero ilícito bajo apariencia legítima.
En este escenario, las empresas de logística y comercio exterior deben mantenerse en alerta máxima. Prácticas como la sobrefacturación, la subfacturación y la circulación de mercancías fantasma no solo distorsionan la competencia, sino que también facilitan el Lavado de Activos y la Corrupción. La gestión de riesgos en este sector ya no puede limitarse a controles básicos: requiere sistemas de monitoreo más sofisticados, cooperación internacional y una cultura empresarial que entienda que la integridad es parte esencial de la competitividad.
En este sentido, el SARLAFT refuerza la vigilancia sobre los puntos más críticos de la cadena logística y comercial, poniendo especial atención en:
- Sobrefacturación y subfacturación de mercancías.
- Mercancías fantasma o inexistentes en tránsito.
- Uso de empresas fachada para mover dinero ilícito.
- Riesgo en transporte internacional (puertos, aduanas, agentes de carga).
Ciclo electoral colombiano 2026:
En el marco del Ciclo Electoral Colombiano 2026, los procesos electorales podrían representar un riesgo crítico en materia de Lavado de Activos y corrupción política, ya que la financiación de campañas y la participación de diversos actores tienden a intensificarse en este periodo. En consecuencia, la identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se convierte en un aspecto esencial, pues no solo los candidatos, sino también gerentes de campaña, financiadores, asesores e incluso proveedores de servicios podrían entrar en la categoría de alto riesgo.
La identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP) debería ser dinámico y actualizado. Ante ello, resulta necesario considerar que las fuentes de financiamiento podrían incluir esquemas de aportes indirectos, triangulación de recursos o uso de empresas fachada, lo cual incrementa la posibilidad de operaciones financieras atípicas como movimientos en efectivo, transferencias internacionales o donaciones fragmentadas. Por ello, la debida diligencia reforzada y el monitoreo transaccional adquieren relevancia, ya que permiten detectar patrones sospechosos y verificar la legitimidad de los recursos.
De igual manera, la revisión de antecedentes de donantes y contratistas podría ser clave para identificar vínculos con sectores de alto riesgo como minería ilegal, narcotráfico o contratación pública cuestionada, mientras que el rastreo digital y el análisis de big data podrían convertirse en herramientas útiles para identificar redes de apoyo financiero sospechosas. Además, no puede descartarse la influencia internacional mediante flujos de capital provenientes del extranjero, lo que abriría un frente adicional de riesgo en materia de injerencia externa.
A estos desafíos financieros se suma un componente de seguridad señalado por la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierte sobre la presencia de riesgos críticos en al menos ocho departamentos del país, entre ellos Norte de Santander, Arauca, Vichada, La Guajira, Chocó, Nariño y Cauca, así como en subregiones del nordeste antioqueño y el Magdalena Medio. Según la MOE, la violencia, la financiación irregular de campañas, la fragmentación del sistema de partidos y el uso indebido de herramientas digitales como la inteligencia artificial constituyen amenazas directas para la transparencia de los comicios. La presencia de grupos armados ilegales que intimidan candidatos y votantes limita el ejercicio del voto libre e informado, lo que refuerza la necesidad de articular las políticas de paz y seguridad con la estrategia electoral para garantizar condiciones adecuadas de participación ciudadana.
Criptoactivos: Expansión y Riesgos
Entre las preocupaciones que comienzan a ganar relevancia está el posible incremento en el uso de efectivo y activos digitales para financiar campañas de manera opaca. Los criptoactivos, por su naturaleza, ofrecen canales que pueden facilitar la movilización de fondos no reportados, evadiendo los controles bancarios tradicionales.
Latinoamérica se consolidó en 2025 como el mercado de criptomonedas de más rápido crecimiento del mundo, con un aumento del 63% interanual y más de 57,7 millones de usuarios. Este fenómeno, aunque refleja innovación financiera y una mayor inclusión digital, también plantea riesgos significativos.
El crecimiento acelerado de los criptoactivos ha venido acompañado de un aumento en la cibercriminalidad, con esquemas cada vez más sofisticados de fraude, robo de identidades digitales y ataques a plataformas de intercambio. Estas vulnerabilidades tecnológicas se convierten en puertas de entrada para prácticas de Corrupción y Lavado de Activos, ya que permiten ocultar el origen ilícito de fondos mediante transacciones difíciles de rastrear.
En cuanto a la regulación, diez países de América Latina y el Caribe han implementado marcos integrales o programas piloto. Brasil lidera con su ley integral Ley 14.478/2022 y el piloto de CBDC Drex, que involucra a actores como Visa, Mastercard, Santander y Microsoft. Argentina, Colombia, México y Chile avanzan a través de registros, leyes de fintech y entornos de prueba, mientras que los estándares MiCA de la Unión Europea comienzan a dar forma a la política regional. Los programas piloto de activos tokenizados generaron 387,1 millones de dólares en 2024, fortaleciendo aún más la adopción institucional.
Sin embargo, la falta de regulaciones homogéneas en la región abre espacios para la arbitrariedad y el arbitraje regulatorio: los grupos criminales aprovechan las diferencias normativas entre países para mover capitales ilícitos, fragmentar operaciones y ocultar trazabilidad. Esta disparidad convierte a los criptoactivos en un terreno fértil para el Lavado de Activos y la Corrupción, presionando a los sistemas de cumplimiento a adaptarse con mayor rapidez y coordinación internacional.
El 2026 no permitirá una gestión de riesgos reactiva. Con Panamá liderando la agenda regional y Colombia enfrentando un ciclo electoral crítico, el 2026 marcará un antes y un después en la lucha contra el Lavado de Activos. El éxito no dependerá solo de leyes más estrictas, sino de la capacidad de las empresas para adoptar una cultura de legalidad que trascienda el papel. La carrera por la transparencia ha comenzado, y el margen de error es más estrecho que nunca.
¿Está su organización preparada para los retos de 2026? Síganos en nuestras redes y canal de WhatsApp para estar al día en materia de cumplimiento.
Por: Luisa Caicedo
Fuentes:
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