Derechos y deberes de las empresas de transporte en la prevención del Lavado de Activos y la Corrupción:

Crear una empresa implica mucho más que iniciar operaciones; supone asumir ciertas responsabilidades que protegen tanto a la organización como el entorno en el que se desarrolla. Desde el inicio, toda organización está expuesta a riesgos que pueden provenir de la criminalidad, como intentos de infiltración para usar la estructura empresarial en actividades ilícitas. Por eso, además de pensar en crecimiento y rentabilidad, es indispensable asumir un compromiso firme con la prevención de flagelos como el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción.

En este marco de riesgos y responsabilidades, el sector transporte asume un papel importante ya que, por su carácter estratégico y su rol en el movimiento de bienes y personas, se convierte en un sector especialmente vulnerable a la infiltración de prácticas ilícitas. Por ello, es necesario reflexionar sobre cuáles son los derechos que respaldan a las empresas en su labor preventiva y cuáles son los deberes que deben cumplir para blindar su operación frente a estos flagelos.

En línea con esta necesidad, la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte introdujo exigencias concretas: la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), así como la adopción de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 16615 de 2025. Estas medidas normativas sirven como un punto de partida para plantear un marco de derechos y deberes que, más allá de lo legal, responda a la necesidad de construir un sector transporte íntegro, sostenible y confiable.

Derechos de las empresas del sector transporte:

Acceder a lineamientos y acompañamiento técnico, las empresas tienen derecho a recibir guías claras, capacitaciones y asesoría especializada para implementar el SARLAFT y PTEE de manera efectiva. Este acompañamiento garantiza que las organizaciones no enfrenten solas la complejidad normativa y puedan fortalecer sus controles internos con respaldo institucional.
Solicitar aclaraciones y orientación, las organizaciones pueden exigir respuestas oportunas y precisas frente a dudas regulatorias. Este derecho asegura que las normas se interpreten de manera uniforme y que las compañías cuenten con seguridad jurídica al tomar decisiones.
Ejercer su derecho de defensa, si una empresa es investigada o sancionada, tiene derecho a presentar pruebas, argumentos y recursos legales. Este es el principio del debido proceso que protege a las organizaciones de decisiones arbitrarias y garantiza que las sanciones solo se impongan con fundamento sólido.
Participar en espacios de capacitación y socialización, las compañías pueden acceder a talleres, seminarios y encuentros que fortalecen sus capacidades técnicas y éticas.
Garantizar seguridad jurídica al cumplir con las normas, evitando sanciones y fortaleciendo su reputación empresarial, el cumplimiento normativo no solo evita multas, sino que también otorga estabilidad y confianza frente a clientes, aliados y autoridades. Este derecho protege la inversión y asegura que la empresa opere en un entorno regulado y confiable.
Derecho a exigir cumplimiento a contrapartes: las empresas pueden rechazar negocios con proveedores o clientes que no tengan políticas éticas claras o que representen riesgos de lavado de activos y corrupción. Este es un derecho que fortalece la cadena de valor y permite construir relaciones comerciales basadas en transparencia y confianza mutua.
Derecho a protección frente a represalias: cuando una empresa denuncia irregularidades o reporta actividades sospechosas, debe contar con respaldo institucional que garantice su seguridad y la de sus representantes.

Así como las empresas del sector transporte cuentan con derechos que respaldan su operación, también existen deberes que deben asumir con responsabilidad. Para dar un correcto cumplimiento a la norma y, además, garantizar la sostenibilidad de su operación, es necesario que las empresas del sector adopten prácticas éticas, transparentes y preventivas. Estos deberes representan compromisos estratégicos que fortalecen la confianza de clientes, aliados y autoridades, y blindan a la organización frente a riesgos legales, financieros y reputacionales.

Deberes de las empresas del sector transporte:

Implementar el SARLAFT y PTEE antes del 6 de mayo de 2026 Y 18 de mayo de 2026, según lo dispuesto por la Superintendencia de Transporte en la Resolución 11999 de 2025 y Resolución 14673 de 2025. Su deber como empresa no es únicamente cumplir con una norma, sino asumir una responsabilidad estratégica que protege su operación. No lo vea como una obligación, véalo como un escudo que blinda sus procesos frente a riesgos legales, financieros y reputacionales, que fortalece la confianza de sus clientes y aliados, y que contribuye a la transparencia y sostenibilidad del sector transporte.
Promover una cultura de integridad, sea un buen ejemplo como empresario y líder del sector transporte, transmita sus valores éticos a empleados y aliados. Recuerde que la integridad no se limita a cumplir normas, sino a construir un entorno donde la honestidad y la responsabilidad sean pilares de la operación.
Fomentar la transparencia en las operaciones, aplicando medidas concretas para evitar prácticas corruptas en licitaciones y acuerdos comerciales. Esto resulta esencial para proteger su organización contra riesgos de Corrupción y Lavado de Activos. La transparencia genera credibilidad frente a clientes, autoridades y socios, y asegura que cada transacción se realice bajo parámetros claros y verificables.
Verificar antecedentes de las contrapartes, hacer que los procesos de selección y vinculación sean rigurosos es una medida preventiva clave. Revise los antecedentes judiciales, financieros y reputacionales de quienes integran la organización o se asocian con ella para evitar vínculos con personas que estén relacionadas con actividades ilegales. Esto le permitirá fortalecer la seguridad interna y garantizar que su empresa no sea utilizada como vehículo para operaciones ilícitas.
Rechazar cualquier forma de soborno o “facilitación”, no permita o reciba pagos indebidos para obtener ventajas en trámites o negocios, este es un principio que debe guiar todas las decisiones empresariales. Rechazar estas prácticas demuestra su compromiso con la ética y asegura que su empresa compita en igualdad de condiciones.
Crear canales de denuncia seguros y confidenciales, disponer de mecanismos internos para que empleados y terceros puedan reportar irregularidades sin temor a represalias es una muestra de responsabilidad empresarial. Estos canales fortalecen la cultura de cumplimiento, permiten detectar riesgos a tiempo y generan confianza en la organización. La confidencialidad y protección al denunciante son esenciales para que el canal de denuncia funcione.
Evaluar continuamente los riesgos del negocio, es necesario que no se quede solo en cumplir con la norma, identifique de qué otras formas la empresa podría ser usada para actividades ilícitas. Esto le permitirá anticipar amenazas, ajustar procesos y reforzar controles.
Velar por la seguridad de la cadena logística, asegurarse de que vehículos, rutas y operaciones no sean utilizados para transportar bienes ilícitos es un deber fundamental. Usted también puede denunciar en caso de observar comportamientos sospechosos, irregularidades en la documentación, cargas no declaradas o cualquier actividad que pueda poner en riesgo la legalidad y transparencia de las operaciones.
Educar a la comunidad, sensibilizar a conductores, empleados y hasta usuarios sobre la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. La educación crea conciencia colectiva y convierte a cada actor en aliado de la prevención.
Limitar relaciones con jurisdicciones de alto riesgo: evite vínculos con países o territorios señalados por organismos internacionales como paraísos fiscales, de alto riesgo en Lavado de Activos o con alto índice de percepción de la corrupción. Estas jurisdicciones representan amenazas para la estabilidad financiera y reputacional de la empresa.

Uno de los principales deberes, y al que debe dársele absoluta prioridad en este momento, es la implementación del SARLAFT y el PTEE. Los plazos de implementación ya se acercan y no cumplir con esta obligación puede traer consecuencias legales y reputacionales para su empresa. Más allá de evitar sanciones, implementar el SARLAFT y el PTEE significa blindar sus procesos, fortalecer la confianza de sus clientes y garantizar la sostenibilidad de su operación.

En Risks International acompañamos a las empresas del sector transporte en la implementación del SARLAFT y el PTEE, con asesoría especializada y herramientas prácticas. Además, ponemos a su disposición un diagnóstico gratuito para que conozca el estado actual de su empresa frente a esta normativa y pueda tomar decisiones informadas para avanzar con seguridad.

Realice el diagnóstico aquí.

Diagnóstico SARLAFT: https://docs.google.com/forms/d/15z3jExIaaAMbNQK2d_zIxB9Bu1RhpItJKpfbWqbTT6I/edit

Diagnóstico PTEE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdokhLKGdnHpyNiKKihfRSRyJybo7h8KgbjrGIpTfzHSHS8Dg/viewform?usp=publish-editor

Risks International informa: Cambios clave en el SARLAFT para el sector transporte