Empresas y ESAL tienen menos de cuatro meses para implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial
Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido un fallo de segunda instancia con fecha de ejecutoria del 19 de mayo de 2025, confirmando la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este fallo obliga a la expedición de lineamientos para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en un plazo máximo de cuatro meses.
¿Qué significa esta decisión?
Esta sentencia responde a la demanda interpuesta por la ONG Apoyo y Fortalecimiento Integral para Quienes Nos Protegen (AFIPRO) contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia (DAPRE), por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2195 de 2022.
La decisión no solo confirma la urgencia de regular los PTEE, sino que también involucra a las principales superintendencias del país, incluyendo la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Nacional de Salud, y la Superintendencia de Transporte, entre otras. Estas entidades deberán colaborar activamente en la reglamentación para garantizar el cumplimiento del fallo.
El plazo se agota: La cuenta regresiva ha comenzado
Ante el fallo de segunda instancia, es fundamental considerar la sentencia de primera instancia del 5 de febrero de 2025, que ordenó el cumplimiento de la disposición incumplida en un plazo máximo de cuatro meses. Esto implica que todas las superintendencias deben expedir los lineamientos de sus Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) antes de junio de 2025.
Sin embargo, si el plazo de cuatro meses comienza a contar desde la fecha de ejecución del fallo de segunda instancia, entonces la obligación se extendería hasta el 19 de septiembre de 2025.
Ante esta decisión, es imperativo que las entidades reguladas aceleren sus esfuerzos para diseñar, implementar y poner en marcha los PTEE en todos los sectores bajo supervisión, sin importar si se trata de pequeñas, medianas o grandes empresas. La correcta implementación garantizará el cumplimiento normativo y evitará posibles sanciones, fortaleciendo la transparencia y el compromiso con la ética empresarial.
Este escenario representa un reto crucial para empresas de todos los tamaños y para el sector de la economía solidaria, ya que deben prepararse para adaptar sus procesos internos en materia de transparencia y ética empresarial en un tiempo récord.
El papel de la Policía Nacional y el Frente de Seguridad Empresarial:
Ante este panorama, la Policía Nacional Colombiana, en conjunto con el Frente de Seguridad Empresarial de la DIJIN, está desarrollando procesos de sensibilización sobre el diseño e implementación de los PTEE. Esta iniciativa busca garantizar que las entidades comprendan la importancia de adoptar estos programas como buenas prácticas para prevenir la corrupción y el soborno.
Consecuencias de no acatar el fallo:
Las entidades que no cumplan con la reglamentación en el tiempo estipulado no solo estarán expuestas a sanciones administrativas y legales, sino que también podrían ver afectada su reputación corporativa. La falta de implementación de los PTEE podría traducirse en:
- Multas y sanciones por incumplimiento de la Ley 2195 de 2022.
- Investigaciones por corrupción y soborno en el sector empresarial.
- Pérdida de confianza de inversionistas y aliados estratégicos.
- Restricciones para participar en contratos públicos debido a la falta de mecanismos de transparencia.
- Afectación en la calificación de riesgos financieros, lo que podría impedir el acceso a créditos y financiamiento.
¿Estamos listos para el cambio?
La respuesta dependerá de la rapidez y compromiso con el que las superintendencias y entidades del sector privado y solidario ajusten sus modelos de cumplimiento. No hay margen para postergaciones: el Consejo de Estado ha dictado sentencia, y el reloj sigue corriendo.
En RISKS INTERNATIONAL, estamos a disposición de todas las empresas y organizaciones del sector privado y solidario para guiarlas en la implementación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Nuestro equipo experto ofrece asesoría estratégica para garantizar el cumplimiento de la nueva reglamentación y evitar posibles sanciones. Ante la inminente obligación impuesta por el Consejo de Estado, es crucial que las empresas actúen con rapidez, fortalezcan sus sistemas de cumplimiento y adopten mejores prácticas en la prevención de la corrupción y el soborno.
Estamos aquí para acompañarlas en este proceso, asegurando que cada paso se traduzca en una operación más ética, transparente y confiable. ¡Contáctenos!
Redacción: Luisa Caicedo
Fuente: Carlos Alfonso Boshell Norman
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