Quinta ronda de evaluaciones mutuas GAFI: ¿Estamos preparados?

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) siguen siendo, décadas después, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha asumido un papel decisivo: fijar estándares globales y evaluar si los países realmente cumplen con ellos. Sus evaluaciones mutuas se han convertido en un mecanismo clave para poner a prueba la efectividad de los sistemas nacionales, señalando tanto los avances como las brechas que aún persisten.

Cada ronda es, en la práctica, un examen internacional que no se queda en el papel. Los resultados impactan directamente en la confianza de los mercados, en la cooperación entre Estados y en la capacidad de atraer inversión. Para Colombia, este proceso ha significado demostrar avances en la prevención y combate de delitos financieros, mientras se adapta a nuevas exigencias globales. La cuarta ronda dejó claro que hay logros importantes, pero también desafíos que no pueden ignorarse. Ahora, frente a la quinta ronda, la pregunta es inevitable: ¿Estamos listos para responder a las exigencias de un entorno cada vez más complejo y cambiante?

¿Cuál es el papel del GAFI y su mecanismo de evaluación?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) nació con la misión de establecer y actualizar los estándares que orientan la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Desde sus primeros años, este organismo asumió la tarea de evaluar la efectividad de los sistemas nacionales y promover la cooperación entre países. La necesidad de contar con lineamientos claros y coordinados se hizo evidente ante el crecimiento del crimen organizado y el auge del narcotráfico, fenómenos que exigían respuestas conjuntas y más estructuradas a nivel internacional.

El proceso de evaluación mutua comienza con la selección de los países que serán examinados y la conformación de equipos integrados por representantes de al menos dos jurisdicciones. A partir de allí, se recopila información mediante cuestionarios y visitas en terreno, lo que permite elaborar un informe preliminar de carácter confidencial. Este documento es posteriormente analizado en una sesión conjunta de los grupos legal y financiero, donde se validan los hallazgos y se sugieren ajustes. Una vez incorporadas las observaciones, el informe pasa a la plenaria del GAFI para su aprobación, y finalmente se divulga un resumen ejecutivo en el informe anual. Este procedimiento asegura que la evaluación sea objetiva y fortalezca la implementación de los estándares internacionales contra el LA/FT.

¿Cuál fue resultado de Colombia en la Cuarta ronda de evaluaciones mutuas?

En la cuarta ronda de evaluaciones, Colombia fue reconocida por haber alcanzado una comprensión adecuada de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sustentada en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de 2013 y 2016. También se destacó la existencia de un sistema sólido de extinción de dominio y recuperación de activos, que refleja el compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado. A ello se sumó el fortalecimiento de la cooperación internacional, evidenciado en la asistencia legal mutua y en la ejecución oportuna de extradiciones, aspectos que consolidaron la imagen de Colombia como un actor activo en la prevención y combate de delitos financieros.

El informe, aunque destacó avances relevantes, también señaló debilidades que limitaban la efectividad del sistema. 

Entre los aspectos por mejorar:

• Supervisión insuficiente de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), aún sin plena alineación con un enfoque basado en riesgo.
• Deficiencias en la aplicación de la debida diligencia del cliente, lo que limita la prevención de delitos financieros.
• Inteligencia financiera útil para rastrear activos, pero con poca generación espontánea de información que apoye la lucha contra la financiación del terrorismo.
• Dificultades para obtener datos precisos sobre los beneficiarios finales en estructuras corporativas complejas, afectando la transparencia.
• Ausencia de una normativa específica frente a la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Respuesta de las Superintendencias y entes de control frente a estas deficiencias:

Para atender las deficiencias señaladas y cumplir con los compromisos internacionales, las autoridades colombianas adoptaron diversas medidas. 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC):

Implementó un mecanismo de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y la UIAF, formalizado en la Carta Circular 110 de 2015. Este convenio fortaleció los controles para identificar y congelar fondos o activos de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la FPADM.

Actualizó el SARLAFT 4.0, estableciendo la obligación de monitorear de manera permanente las listas internacionales vinculantes y garantizar la aplicación de sanciones financieras dirigidas.

Se definieron protocolos específicos para la comunicación inmediata de hallazgos a las autoridades competentes.

Superintendencia de Sociedades:

Expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020, que refuerza el enfoque basado en riesgo e incorpora nuevas categorías, como la FPADM y los activos virtuales.

Amplió el universo de empresas obligadas a implementar medidas de autocontrol.

Estableció lineamientos más precisos para la debida diligencia, el monitoreo de operaciones sospechosas y el rol del oficial de cumplimiento.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):

A través del documento 4042 de 2021 “Política Nacional ALA/CFT/CFPADM”, fijó objetivos estratégicos como:

1. Fortalecer la conciencia ciudadana sobre los riesgos del sistema anti-LA/FT.
2. Actualizar el marco normativo conforme a estándares internacionales, incluyendo la FPADM.
3. Mejorar la gestión y calidad de la información disponible.
4. Promover la coordinación entre actores para optimizar la prevención, detección y persecución de activos ilícitos.

Cambios clave para la Quinta ronda:

La Quinta ronda de evaluaciones mutuas introduce modificaciones sustanciales que buscan hacer el proceso más ágil y orientado a resultados. Uno de los ajustes más relevantes es la reducción del ciclo de evaluación de diez a seis años, lo que permitirá revisiones más frecuentes y un seguimiento más cercano de los avances de cada país. Con ello se pretende asegurar que las regulaciones no se queden en el papel, sino que se traduzcan en resultados concretos.

Otro cambio importante es el énfasis en los principales riesgos y en el contexto particular de cada jurisdicción. A diferencia de las rondas anteriores, centradas en el cumplimiento general de las 40 recomendaciones del GAFI, la nueva metodología prioriza las áreas donde los riesgos de LA/FT son más altos, permitiendo que los países concentren sus esfuerzos en medidas con mayor impacto.

La evaluación también deja de enfocarse exclusivamente en la existencia de marcos normativos y pasa a valorar su efectividad real. En este sentido, solo se revisarán nuevamente las recomendaciones cuando existan cambios significativos en la normatividad nacional o en los criterios del GAFI.

Dentro de los ajustes específicos, la RI-3 abarcará la supervisión y el cumplimiento de las entidades financieras y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), mientras que la RI-4 se concentrará en las APNFD, diferenciando así el sector real del financiero. Asimismo, se dará mayor relevancia a la recuperación y administración de activos, se recomendará excluir a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados y se implementarán evaluaciones específicas sobre la FPADM, los activos virtuales, las personas jurídicas y los fideicomisos, junto con otros ajustes menores.

Desafíos pendientes para la próxima evaluación:

A partir de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) de 2022 y del Documento CONPES 4042 de 2021, se han identificado los principales retos que Colombia deberá enfrentar en la Quinta ronda de evaluaciones mutuas. Aunque en los últimos años se han alcanzado avances importantes para robustecer el sistema de prevención y control del LA/FT, la efectividad del marco aún muestra vacíos y áreas de mejora que requieren atención prioritaria.

• Fortalecimiento del marco legal y regulatorio: Es necesario actualizar y ampliar la normativa para que todos los sectores expuestos al riesgo de LA/FT cumplan con los estándares internacionales. Esto incluye incorporar sectores actualmente no obligados y designar supervisores naturales que aseguren un control más efectivo.
• Mejora de la auditoría de los sistemas de prevención: Persisten sectores sin esquemas adecuados de auditoría y monitoreo. Se requiere implementar mecanismos periódicos que permitan evaluar el cumplimiento de las instituciones y la eficiencia de sus estrategias antilavado, alineándolas con los requisitos internacionales.
• Fortalecimiento de la colaboración interinstitucional: Aunque la UIAF ha promovido convenios, aún falta integrar de manera más amplia a entidades gubernamentales, al sector privado y a otros actores clave. Una cooperación más sólida será esencial para detectar actividades ilícitas y coordinar estrategias preventivas.
• Adopción de tecnologías innovadoras para la detección de riesgos: Se recomienda incorporar herramientas avanzadas como inteligencia artificial, análisis predictivo y blockchain para identificar patrones sospechosos y optimizar la capacidad de respuesta frente a delitos financieros en constante evolución.
• Capacitación y sensibilización en LA/FT: Existen brechas en la formación de profesionales responsables de la prevención y control. Es fundamental implementar programas de educación continua y actualización sobre nuevas tendencias en delitos financieros, asegurando que todos los actores estén preparados para mitigar riesgos.
• Seguimiento y medición del impacto de las políticas implementadas: Se requiere un sistema de evaluación que permita medir la efectividad de las acciones adoptadas y ajustar las estrategias según sus resultados. Esto cerrará el ciclo de diagnóstico, implementación y mejora continua, preparando mejor al país para la próxima evaluación del GAFI.

Medidas para enfrentar los desafíos y prepararse para la Quinta ronda:

Colombia aún presenta vulnerabilidades frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Por ello, resulta esencial que las instituciones públicas, el sector privado, la academia y la sociedad civil intensifiquen sus esfuerzos y adopten acciones concretas que fortalezcan el sistema de prevención y control. Entre las medidas prioritarias se destacan:

1. Restablecer espacios de retroalimentación para las entidades vigiladas, promoviendo un diálogo constante sobre avances y dificultades.
2. Coordinar a todos los supervisores de las APNFD para asegurar una respuesta eficaz en la aplicación de la RI-4.
3. Realizar simulacros de evaluación, con el fin de identificar oportunidades de mejora en los procesos de supervisión y preparación.
4. Evaluar indicadores de gestión de activos decomisados, garantizando su recuperación y uso eficiente.
5. Consolidar un marco normativo para regular criptoactivos y PSAV, mitigando los riesgos asociados a estas actividades emergentes.
6. Avanzar en la implementación del CONPES 4042, como hoja de ruta integral para fortalecer la política nacional en materia de LA/FT/FPADM.

Colombia enfrenta todavía importantes desafíos para fortalecer su sistema de prevención y control frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el marco de la Quinta ronda de evaluaciones mutuas. Entre las prioridades se destacan la necesidad de avanzar hacia una supervisión basada en riesgo más efectiva, robustecer las capacidades de inteligencia financiera y garantizar mayor transparencia en las estructuras empresariales. Asimismo, el país debe seguir perfeccionando sus mecanismos de cumplimiento y cooperación internacional para responder de manera oportuna a las amenazas emergentes.

En este contexto, desde Risks International insistimos en la importancia de que los sectores que aún no han implementado sistemas de administración de riesgos lo hagan cuanto antes, alineándose con los estándares internacionales. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados para acompañar este proceso y ofrecemos programas de formación especializada en LA/FT, diseñados para cerrar las brechas existentes en capacitación y sensibilización. Nuestro objetivo es que todos los actores —instituciones, empresas y profesionales— cuenten con las herramientas necesarias para mitigar riesgos de manera efectiva y contribuir al fortalecimiento del sistema nacional frente a la próxima evaluación del GAFI.

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Por: Luisa Caicedo

Fuente: Banca & Economia, Edición 1468 de 2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2025/04/1468-BE.pdf

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