RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento:

Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, se vivió una jornada que, más allá de reunir expertos, logró conectar ideas, experiencias y reflexiones en torno a los desafíos que enfrenta el país. 

Este evento, que ya cumple tres años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio donde profesionales de distintos sectores comparten su visión sobre temas que hoy más que nunca requieren atención y acción en el sector transportes. 

Durante el encuentro, se abordaron asuntos clave que permiten entender mejor el panorama actual y pensar en soluciones concretas desde el cumplimiento en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, la ética y la responsabilidad institucional.

La participación de expertos de diversos sectores enriqueció el debate y dejó claro que el cumplimiento no es solo una función para cumplir la norma, sino una herramienta poderosa para fortalecer la confianza, prevenir riesgos y promover buenas prácticas en todos los niveles. 

Este tipo de espacios no solo inspiran, también impulsan a seguir construyendo juntos un país más seguro, más íntegro y comprometido. Impulsados por la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo tenemos una misión clara frente a la disminución del delito ayudándole al gobierno y a las autoridades en su labor. Señaló Mariano Sánchez Abril.

El inicio del encuentro estuvo marcado por la intervención del Dr. Luis Bernardo Benjumea– Director ejecutivo de BASC Colombia, quien abrió la jornada con una conferencia centrada en “La integridad y el Compliance”, compartiendo claves para fortalecer la competitividad empresarial. 

En medio de una realidad empresarial cada vez más compleja y con las organizaciones enfrentando presiones externas, cambios regulatorios y expectativas sociales cada vez más altas, hablar de cumplimiento no es solo hablar de normas: es hablar de cultura, de liderazgo y de visión a largo plazo. La integridad, por su parte, se ha convertido en un valor estratégico que impacta directamente en la reputación, la sostenibilidad y la competitividad. Un tema que, en medio de los cambios que atraviesan los mercados, las empresas y el país, cobra una vigencia indiscutible. 

Colombia, con una historia marcada por estigmas y desafíos reputacionales, necesita más que nunca fortalecer sus pilares éticos y demostrar que el compromiso con el cumplimiento puede ser una vía para reconstruir confianza, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Hoy, hablar de integridad ya no es solo una cuestión de imagen: es una forma de diferenciarse, de generar valor y de sostener relaciones sólidas en el tiempo.

La siguiente intervención generó especial interés “Fortaleciendo el SARLAFT en el Transporte de carga: Lineamientos y expectativas desde la UIAF”, presentada por un representante de la Unidad de Información y Análisis Financiero. La charla resultó especialmente oportuna, considerando las actualizaciones recientes en los lineamientos para la implementación del SARLAFT en este sector.

A propósito de estos cambios, vale la pena destacar la Resolución 16615 de 2025, expedida por la Superintendencia de Transporte, que modificó el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta resolución introdujo ajustes relevantes, como la redefinición de los sujetos obligados, la ampliación del periodo de transición y la precisión de los plazos para cumplir con las nuevas exigencias. Estos cambios buscan adaptar el sistema a las dinámicas reales del transporte de carga, un sector que enfrenta riesgos particulares en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Otro de los temas cruciales abordados en el encuentro fue liderado por Juan Guillermo Osorio Gutiérrez, Director General de PROTECDATA Colombia, con la charla “Protección de Datos Personales y Transformación Digital en el sector transporte”. Un tema que, si bien es sensible, resulta fundamental en el contexto actual. 

Durante su intervención, el Dr. Osorio expuso el caso de la sanción injusta impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa RISKS INTERNATIONAL, una compañía que trabaja en pro del cumplimiento normativo. Explicó que esta empresa administra por encargo una base de datos en una plataforma (SIRIEST – SISCOM) con información de novedades de riesgo LAFT y señales de alerta claramente definidas en la resolución del SIPLAFT, Información que comparten oficiales de cumplimiento, información pública para cumplir con el SIPLAFT. Esta información de desempeño laboral e incidentes de seguridad o señales de alerta de conductores y trabajadores del transporte de carga, incluyendo antecedentes judiciales, con contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares quienes la otorgan a las empresas de transportes. Señaló que, según la ley de protección de datos y la Convención de Basilea y la normativa aplicable de LAFT, no se requiere dicha autorización para ese tipo de tratamiento o para crear una base de datos con esta finalidad. Enfatizó que este caso debía ser entendido como aprendizaje por los oficiales de cumplimiento, ya que en el ejercicio de sus funciones gobiernan datos. 

Además, mencionó que RISKS INTERNATIONAL, considerada un aliado del cumplimiento normativo, hoy se ve enfrentada a un proceso sancionatorio injusto que pone en entredicho su labor, no por malas prácticas, si no porque el regulador en el ejercicio de sus funciones, desconoce las normas locales e internacionales. 

Según sus palabras, “Es injusto que el mismo estado ponga una empresa de estas con unos hechos jurídicos que nada tienen que ver”. Y agregó: “Hoy conocemos a esta empresa y la conoce el mercado y nos da tranquilidad, pero si fuera una compañía con una trayectoria muy joven, muy corta o naciente, casi que con esa sanción ya lo habían enterrado patrimonialmente y lo habían enterrado también reputacionalmente”.

Con ejemplos concretos y un enfoque directo, Juan Guillermo, explicó cómo la protección de datos personales se ha convertido en un eje crítico dentro de la transformación digital del sector transporte. Señaló que, aunque existen normas claras y expresas, reguladas por distintas entidades con finalidades similares, muchas veces los propios reguladores no las comprenden, lo que genera riesgos jurídicos y reputacionales para las organizaciones.

Uno de los puntos más enfáticos de su intervención fue el papel de las medidas de seguridad en el tratamiento de datos. Según explicó, casi todas las sanciones impuestas en los últimos tres años están relacionadas con fallas en este aspecto, tal como lo establece el artículo 17 de la Ley 1581. Y aclaró que estas medidas no se limitan al entorno digital: también aplican al manejo físico de la información. Por ejemplo, si una hoja de vida se transporta entre oficinas sin protección, se expone a comentarios inapropiados, divulgación de datos sensibles o incluso a la pérdida de confidencialidad. La seguridad, insistió, no se predica sólo desde la custodia, sino desde la circulación: desde cómo se entrega un expediente, cómo se folia, quién lo firma y cómo se resguarda. Ya sea en papel o en formato electrónico, el tratamiento de datos exige protocolos claros, espacios seguros y responsabilidades bien definidas.

También destacó que la protección de datos no es exclusiva del oficial de protección, sino que involucra a toda la organización. Desde la alta gerencia hasta los equipos operativos, todos deben entender que gobernar datos implica asumir responsabilidades. Si se ha hecho un buen tratamiento, los oficiales de cumplimiento también deben estar incluidos como responsables frente a esas bases que custodian.

El Dr. Juan Osorio, recordó que Colombia, desde la expedición del Decreto 1377 en 2012, ha venido alineándose con estándares internacionales, especialmente tras su ingreso a la OCDE. Este proceso ha implicado adoptar principios como el de “responsabilidad demostrada”, que exige a los oficiales de protección de datos no solo cumplir la ley, sino demostrar activamente cómo lo hacen. Ya no basta con tener políticas escritas: se requiere evidencia, trazabilidad y compromiso real con la protección de la información.

Hacia el final de su intervención, el Dr. Juan Guillermo hizo énfasis en la creciente vulnerabilidad de los datos personales en Colombia, afirmando que “más temprano que tarde a todos nos van a robar la información”, y que este activo se ha convertido en el más valioso para las organizaciones. Señaló que el país recibe cerca de 500.000 ciberataques diarios, superando incluso a Brasil y México en ciertas temporadas, lo que evidencia la magnitud del riesgo. Subrayó que no se trata de una exageración emocional, sino de una realidad que exige acciones concretas por parte del Estado para garantizar la seguridad de la información.

También advirtió sobre los errores frecuentes en el manejo de requerimientos por parte de los titulares de datos y de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de regular el habeas data y aplicar la Ley 1581. Según explicó, esta puede actuar de oficio, lo que ha derivado en sanciones que, en su opinión, responden más a interpretaciones erradas que a verdaderas infracciones. Mencionó nuevamente el caso de RISKS INTERNATIONAL como ejemplo de cómo una empresa aliada del cumplimiento puede verse afectada por lo que denominó “ignorancia supina” en la aplicación de la norma.

Finalmente, compartió una reflexión sobre el proyecto de ley que busca reformar el régimen sancionatorio en materia de protección de datos. Actualmente, las sanciones pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero con la reforma, podrían alcanzar los 10.000. Explicó que esta medida responde a una práctica preocupante: en sectores como el de telecomunicaciones, las empresas reciben múltiples sanciones al año y han llegado al punto de presupuestarlas como parte de sus campañas. “Las sanciones van a subir hasta 10.000 millones de pesos porque hay muchos sectores económicos que ya se les volvió costumbre presupuestar en cada campaña la sanción”, concluyó.

Durante esta interesante jornada, el Dr. Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transporte de la Presidencia de la República, lideró la charla titulada “Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial en el sector privado”. En su intervención, abordó la normatividad vigente sobre los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), haciendo énfasis en la Resolución No. 14673 del 18 de septiembre de 2025, mediante la cual se modifica el capítulo 10 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. 

Esta resolución establece los lineamientos que deben seguir las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte, siempre que desarrollen una actividad empresarial. La implementación del PTEE responde a lo exigido en el artículo 34-7 de la Ley 1474 de 2011, adicionado por el artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, o por la norma que lo adicione, modifique o sustituya. La intervención permitió a los asistentes conocer con mayor claridad los alcances de esta regulación y los elementos que deben tener en cuenta para su correcta aplicación dentro de sus organizaciones.

La evolución del cumplimiento en el sector transporte fue abordada por Wilgen Alejandro Estrada Bravo, Oficial de Cumplimiento de Risks International, quien planteó cómo este rol ha dejado de ser meramente operativo para convertirse en un motor de transformación cultural dentro de las organizaciones. 

En su intervención, presentó un panorama general del cumplimiento en Colombia, destacando la evolución normativa que ha dado forma a los sistemas actuales, con el SARLAFT y el PTEE como pilares fundamentales. Expuso los retos que enfrenta hoy el sector transporte, especialmente en la implementación efectiva de estos modelos, y subrayó que el Oficial de Cumplimiento debe asumir un papel activo como agente de cambio cultural, promotor de la integridad, educador dentro de la organización y aliado estratégico en la construcción de entornos éticos y sostenibles.

En la charla “Implementación del SARLAFT para las empresas de Transporte”, el Dr. Juan Sáenz, Oficial de Cumplimiento de la Superintendencia de Transporte, presentó una visión clara sobre los riesgos que enfrenta el sector frente al lavado de activos. En su presentación, se destacó que asumir que el lavado de activos solo afecta a bancos o casas de bolsa es un error estratégico. Se explicó que las empresas de transporte, logística y comercio exterior son vehículos ideales para redes criminales que buscan mover dinero y mercancías ilícitas. 

Esta advertencia ha sido respaldada por organismos como la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia) y FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos), que han identificado al sector como un eslabón crítico en las cadenas del delito financiero. Una afirmación que cobra especial relevancia si se considera que el lavado de activos puede infiltrarse en cualquier empresa, sin importar su actividad económica, tamaño o sector, lo que exige una implementación rigurosa del SARLAFT y una cultura organizacional comprometida con la prevención.

Por último, la charla liderada por el Dr. Juan Camilo Vargas, Asesor de la Subdirección de OEA de la DIAN, abordó la “Gestión de incidentes y Fortalecimiento del Transporte Terrestre bajo el programa OEA”, un tema clave para avanzar en la seguridad logística y la articulación con estándares internacionales en el sector transporte.

Así culminó una jornada llena de reflexiones estratégicas, actualizaciones normativas y valiosos aprendizajes para el fortalecimiento del cumplimiento, la ética y la transparencia en el sector transporte. Un espacio que no solo permitió compartir experiencias y buenas prácticas, sino también reafirmar el compromiso colectivo con una gestión más íntegra, segura y alineada con los desafíos del entorno actual.

Por: Luisa Caicedo

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